4.500 casos nuevos de mutilación genital – En profundidad

Los datos oficiales de Inglaterra revelan que, solo en un año, se registraron más de 4.500 casos nuevos de mutilación genital femenina (MGF). Esto significa más de un caso nuevo cada dos horas atendido en el sistema de salud. La cifra es aún más alarmante si se tiene en cuenta que la MGF es un delito en el Reino Unido desde 1985 y que, a pesar de ello, no se ha conseguido una sola condena. Detrás de estos números hay niñas, adolescentes y mujeres que arrastran de por vida las consecuencias físicas y emocionales de una práctica que la ONU clasifica como una violación grave de los derechos humanos.

Qué es la mutilación genital femenina y por qué se considera tortura

La mutilación genital femenina abarca todos los procedimientos que alteran o lesionan los genitales externos de una mujer o niña por motivos no médicos. No tiene beneficios para la salud y puede provocar dolor extremo, hemorragias, infecciones, problemas crónicos para orinar, complicaciones en el parto y hasta la muerte.

Los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, subrayan que se trata de una forma de violencia de género destinada a controlar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Muchos contextos justifican en nombre de la tradición, la religión o el honor familiar, pero en realidad reproduce estructuras de desigualdad y discriminación.

En Inglaterra, la práctica suele estar vinculada a familias procedentes de países donde la MGF es habitual y donde la presión cultural es muy fuerte. En algunos casos, las niñas son sometidas al procedimiento durante viajes a los países de origen; en otros, se realiza dentro del propio Reino Unido, en un contexto de clandestinidad y silencio.

Un delito desde 1985, pero sin una sola condena

La MGF es ilegal en Gran Bretaña desde 1985, y desde 2003 también lo es que ciudadanos británicos realicen o faciliten la MGF en el extranjero. Sobre el papel, el marco jurídico es claro: quienes organizan, financian o practican la mutilación deberían enfrentarse a penas severas.

Sin embargo, en la práctica, policía y fiscalía no han logrado ninguna condena. Las causas son múltiples:

• Dificultad para denunciar: las víctimas son en su mayoría niñas muy pequeñas, que dependen de sus familias y temen romper con su entorno.

• Pruebas complejas: demostrar quién organizó el viaje, quién pagó, quién realizó la mutilación y en qué país se cometió el delito no siempre es sencillo.

• Silencio comunitario: en algunas comunidades la MGF se percibe como un rito de paso, y existe una fuerte presión para mantener la práctica “puertas adentro”.

• Falta de capacitación: aunque los servicios de salud han mejorado la detección, no todos los profesionales sanitarios, docentes o trabajadores sociales saben cómo actuar, documentar y derivar los casos.

Frente a este escenario, diversas organizaciones de derechos humanos reclaman más recursos para las unidades policiales especializadas, así como protocolos claros de investigación y protección de las víctimas. Iniciativas como las promovidas por UNICEF y UNFPA ofrecen modelos de intervención que el Reino Unido podría reforzar siguiendo estándares internacionales de lucha contra la MGF.

El papel clave del sistema de salud y las cifras del NHS

Entre abril de 2017 y marzo de 2018, el Servicio Nacional de Salud (NHS) registró más de 6.000 mujeres y niñas que habían sufrido MGF en algún momento de su vida. De ellas, unas 4.500 fueron casos nuevos detectados ese año. Es decir, mujeres que, al acudir a un médico, partera o servicio de salud pública, revelaron por primera vez que habían sido sometidas a esta forma de violencia.

Los datos del NHS muestran que:

• Muchas mujeres se enteran de que han sufrido MGF recién en el embarazo o en controles ginecológicos, cuando un profesional sanitario examina su historial.

• Un porcentaje importante de casos se concentra en áreas urbanas con alta diversidad cultural, donde conviven comunidades de múltiples orígenes.

• Todavía existe subregistro, porque no todas las clínicas documentan o codifican de forma adecuada los hallazgos relacionados con MGF.

La implementación de registros electrónicos específicos y de códigos de diagnóstico es un avance, pero no basta. Organizaciones como NHS England explican en sus guías clínicas cómo deben actuar los equipos de salud para proteger a las niñas en riesgo, derivar a las víctimas a servicios de apoyo psicológico y, cuando corresponde, activar los mecanismos de protección infantil.

En este contexto, algunos especialistas recomiendan que los medios de comunicación incluyan enlaces informativos hacia recursos oficiales, como las páginas del Servicio Nacional de Salud sobre mutilación genital femenina, así como a informes de la OMS sobre salud sexual y reproductiva, para fomentar una información basada en evidencia científica.

Factores culturales, silencio familiar y rol de la comunidad

Entender por qué persiste la MGF, incluso en un país con leyes claras y con un sistema de salud robusto, exige mirar más allá de las estadísticas.

En muchas culturas donde se practica, la mutilación se presenta como:

• Requisito para el matrimonio y la aceptación social.

• Mecanismo para “controlar” el deseo sexual femenino, con la idea errónea de que así se garantiza la fidelidad.

• Parte de una identidad colectiva que define quién “pertenece” o no a la comunidad.

Las familias que emigran a Europa pueden mantener estas creencias durante generaciones, a menudo en conflicto con los valores del país de acogida. Las niñas nacidas en Inglaterra se encuentran entonces en medio de dos mundos: el sistema educativo y sanitario que protege sus derechos, y un entorno familiar que quizá le exige mantener una tradición dañina.

Por eso, expertos en prevención insisten en estrategias que involucren a líderes comunitarios, asociaciones de migrantes y referentes religiosos, subrayando que ninguna tradición justifica la violencia. Programas pioneros en ciudades británicas han demostrado que, cuando las mujeres que han sobrevivido a la MGF se convierten en portavoces dentro de su propia comunidad, los cambios de actitud se aceleran y disminuye la presión para seguir mutilando a las niñas.

Quien quiera profundizar en estos enfoques puede consultar experiencias recopiladas por iniciativas internacionales como el programa conjunto UNFPA–UNICEF para eliminar la mutilación genital femenina, que ofrece buenas prácticas aplicables a distintos contextos.



Protección de niñas, educación y responsabilidad del Estado

La lucha contra la MGF no se limita a castigar a quienes la realizan: implica prevenir, acompañar y reparar. Para ello, en Inglaterra se plantean varias líneas de acción que pueden inspirar políticas en otros países:

Detección temprana en escuelas y servicios sociales
Docentes, psicólogos escolares y trabajadores sociales deben recibir formación específica para identificar factores de riesgo: comentarios sobre “viajes de vacaciones” a países donde se practica la MGF, presión familiar, miedo de la niña a irse de viaje, o el antecedente de hermanas mayores ya mutiladas.

Formación obligatoria para profesionales de salud
Médicos de familia, pediatras, obstetras y parteras necesitan herramientas para preguntar con sensibilidad, registrar adecuadamente y activar protocolos de protección sin revictimizar. La capacitación debería incluir perspectiva intercultural, para comprender los códigos de cada comunidad y dialogar respetuosamente sin minimizar el daño.

Campañas públicas dirigidas a hombres y mujeres

Históricamente, las campañas se centraron en las mujeres, pero hoy se reconoce que los hombres también deben implicarse. Cuando padres, hermanos y líderes masculinos rechazan la MGF, la presión colectiva disminuye.

Apoyo integral a sobrevivientes
Las mujeres que ya han sufrido MGF tienen derecho a atención ginecológica especializada, apoyo psicológico y asesoramiento legal. Un enfoque de salud integral ayuda a romper el ciclo de silencio y empodera a las sobrevivientes como agentes de cambio.

Compromiso político sostenido
Sin recursos estables, oficinas especializadas y voluntad política, la ley queda en el papel. Es clave que los gobiernos financien unidades de investigación, refugios, líneas telefónicas y campañas educativas que no dependan únicamente de voluntariado o de ONG con presupuesto inestable.

La experiencia británica, con miles de casos registrados pero ninguna condena, demuestra que no basta con tipificar un delito: el Estado debe garantizar que las normas se cumplan y que las víctimas estén protegidas desde la primera señal de riesgo.

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