Ocultó la verdad sobre los peligros de sus herbicidas

Ocultó la verdad sobre los peligros de sus herbicidas

Monsanto, los herbicidas y un conflicto que estalló en los tribunales
El nombre Monsanto quedó asociado para millones de personas al debate sobre los pesticidas modernos y sus riesgos. Durante décadas, su herbicida estrella Roundup, basado en glifosato, se vendió como una herramienta segura y casi imprescindible para el control de malezas en jardines, campos y espacios públicos.

Sin embargo, a partir de la década de 2010 comenzaron a acumularse demandas por cáncer contra la empresa. Abogados como Mike Papantonio sostienen que el gigante químico habría ocultado información clave sobre los posibles efectos de sus productos y que utilizó su poder económico para moldear la ciencia y la política a su favor.

En paralelo, la comunidad científica se dividió. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasificó al glifosato como “probablemente cancerígeno para humanos” (Grupo 2A), mientras que otras agencias reguladoras consideraron que el herbicida no implica un riesgo inaceptable cuando se usa según las instrucciones.

El herbicida estrella y la disputa científica sobre el glifosato

Roundup y otros herbicidas a base de glifosato se convirtieron en un estándar de la agricultura industrial y de la jardinería doméstica. Millones de litros se esparcieron cada año en cultivos, parques y veredas. Esa presencia masiva explica por qué cualquier duda sobre su seguridad impacta directamente en la salud pública y en los modelos de producción de alimentos.

En 2015, la IARC evaluó estudios en humanos y animales y concluyó que el glifosato mostraba evidencia limitada de carcinogenicidad en personas y evidencia suficiente en animales, por lo que lo catalogó como “probablemente cancerígeno”. Esta decisión desató una batalla global: organizaciones ciudadanas la tomaron como respaldo científico a sus denuncias, mientras que la empresa y parte del sector agroindustrial acusaron al organismo de alarmismo.

Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha reiterado que el glifosato es “no probable carcinógeno” cuando se aplica siguiendo las indicaciones del fabricante, apoyándose en miles de estudios regulatorios y de literatura abierta. Esta disputa científica y regulatoria es el telón de fondo sobre el cual emergen las acusaciones de “ciencia falsa” y captura de organismos de control.

Mike Papantonio y la acusación de “política atroz”

El abogado Mike Papantonio, veterano en litigios contra grandes corporaciones, decidió concentrar parte de su trabajo en los casos de cáncer supuestamente vinculados a herbicidas con glifosato. En al menos 16 demandas, Papantonio alega que Monsanto conocía desde hacía años indicios de que sus productos podían incrementar el riesgo de linfoma no Hodgkin, pero que eligió seguir comercializándolos sin alertar debidamente al público.

Según su argumento, la compañía habría impulsado una “política atroz”: invertir enormes sumas en lobby político, relaciones públicas y financiamiento de estudios favorables, en lugar de aplicar el principio de precaución. Documentos internos hechos públicos en diversos juicios muestran intentos de influir en artículos científicos, promover ghostwriting (estudios escritos parcial o totalmente por la empresa pero firmados por investigadores externos) y desacreditar a científicos críticos.

Para Papantonio y otros litigantes, esto constituye una forma de “ciencia falsa”, en la que la evidencia se manipula o presenta de forma sesgada para mantener a flote un producto altamente rentable. La empresa, por el contrario, insiste en que siguió las regulaciones vigentes, que financió investigaciones legítimas y que sus productos son seguros si se utilizan correctamente.

DeWayne Johnson: el jardinero que destapó el escándalo

La historia del jardinero escolar DeWayne “Lee” Johnson se transformó en símbolo de esta batalla. Johnson trabajaba como encargado de mantenimiento en un distrito escolar de California y, durante años, aplicó Roundup y Ranger Pro en patios y campos de juego. Tiempo después fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin, un cáncer del sistema linfático.

En 2018, su caso se convirtió en el primer juicio contra Monsanto por la presunta relación entre Roundup y el cáncer. El jurado concluyó que la exposición de Johnson a los herbicidas fue un factor significativo en el desarrollo de su enfermedad y, sobre todo, que la empresa no advirtió adecuadamente sobre los riesgos potenciales.

El veredicto inicial ordenó a Monsanto pagar 39 millones de dólares en compensación y 250 millones en daños punitivos, un total de 289 millones de dólares, aunque luego la cifra fue reducida en instancias de apelación. Para organizaciones de consumidores, este fallo marcó un antes y un después: demostró que un jurado podía considerar que la compañía no fue transparente respecto de los peligros de sus herbicidas, y abrió la puerta a miles de demandas similares en todo el mundo.

¿Ocultamiento deliberado o ciencia en disputa?

Hablar de que Monsanto “ocultó la verdad” implica analizar no solo los veredictos judiciales, sino también la compleja red de relaciones entre empresas, reguladores y comunidad científica. Los jurados en varios casos han concluido que la compañía no advirtió suficientemente sobre posibles riesgos y que actuó con negligencia grave al minimizar la información disponible.

Al mismo tiempo, agencias como la EPA y autoridades europeas han mantenido que, con la evidencia disponible, el glifosato no justificaría una prohibición total, aunque sí recomiendan controles de exposición más estrictos. Esto crea un escenario ambiguo: la ciencia no es monolítica y la interpretación de los datos depende en parte de criterios políticos y económicos.

El panorama se volvió aún más polémico cuando, en 2025, una revista científica retractó un estudio de 2000 que defendía la seguridad de Roundup, alegando serias irregularidades éticas y una participación no declarada de la empresa en el diseño y redacción del trabajo. Para los críticos, estos episodios respaldan la idea de una estrategia corporativa sistemática para maquillar los riesgos. Para la compañía y sus defensores, se trata de casos aislados que no invalidan un cuerpo amplio de investigaciones favorables.

Impacto en la salud pública y en el ambiente

Más allá de la letra fría de los fallos, la discusión se centra en la salud de millones de personas expuestas a los herbicidas y en la biodiversidad de los ecosistemas agrícolas. Estudios en animales y evaluaciones toxicológicas apuntan a posibles efectos sobre el sistema inmune, daños en el ADN y alteraciones hormonales, aunque la magnitud del riesgo humano sigue en debate.

Al mismo tiempo, el uso intensivo de glifosato ha favorecido la aparición de “supermalezas” resistentes, obligando a muchos agricultores a aplicar dosis mayores o combinar varios productos, lo que incrementa la carga química sobre suelos y cursos de agua. Organizaciones ambientales alertan también sobre el impacto en insectos benéficos, anfibios y microorganismos del suelo.

En este contexto, los casos judiciales no solo buscan compensar a las víctimas, sino también presionar para que se revisen los límites de exposición, se exijan etiquetas de advertencia más claras y se promuevan alternativas agroecológicas que reduzcan la dependencia de herbicidas sintéticos.

El rol ciudadano: información, presión social y cambios de consumo

Frente a la complejidad del debate, los ciudadanos no están indefensos. El primer paso es acceder a información independiente, leyendo tanto la clasificación del glifosato como “probablemente cancerígeno” por la IARC (disponible en su Q&A oficial sobre glifosato) como la evaluación de la EPA de Estados Unidos sobre el glifosato, que puede consultarse en su página institucional.

El consumo responsable implica reducir el uso de herbicidas en jardines y huertas domésticas, optar por métodos mecánicos o biológicos de control de malezas y favorecer alimentos producidos con menor carga de agroquímicos. A nivel colectivo, la presión social puede traducirse en regulaciones más estrictas, prohibiciones locales, etiquetado claro y apoyo a agricultores que transitan hacia modelos más sostenibles.

Casos como el de DeWayne Johnson y las demandas impulsadas por abogados como Papantonio recuerdan que, cuando la ciudadanía se organiza y exige transparencia, incluso los gigantes corporativos pueden verse obligados a rendir cuentas. El desafío es que de estas historias no solo surjan indemnizaciones, sino una transformación profunda en la forma en que producimos alimentos y protegemos la salud de las personas y del planeta. Un futuro con menos “ciencia falsa” y más ciencia independiente, en el que los beneficios económicos no estén por encima del derecho a vivir sin exposición innecesaria a sustancias potencialmente peligrosas.